La dignidad de las víctimas y la Ley

Foto: Internet Archive Book Images. …la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana… Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Hasta que la dignidad se haga costumbre 

Jacinta Francisco Marcial, víctima de violaciones de derechos humanos 

No dilataré las fuentes de esta nota hasta alcanzar los nombres remotos de Pico della Mirandola o el de algún evangelista visionario. Me bastará referir que el Derecho contemporáneo ha hecho de la dignidad humana su fundamento formal, como se lee en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Importa subrayar la novedad de esa operación, que a finales del próximo año habrá reunido apenas setenta años de edad. Esto podría significar que durante los casi cuatro mil años posteriores a las normas que Hammurabi punzó en la arcilla hasta 1948, la remisión a la idea de dignidad en el Derecho —o lo que se le semejara en su momento— estuvo preponderantemente mediada por la voluntad divina, los designios del rey o el variopinto “pueblo soberano” de la République, el Reich, el Soviet, el “We the People” (o la “Suave Patria”).  

En la dignidad que cruza los textos jurídicos contemporáneos se reconoce a cada persona, a la que no se le exige mayor requisito que su humanidad, sin discriminación alguna ni distinción por motivo del contexto o situación. En teoría, a Kennedy se le debería reconocer la misma dignidad que a Fidel Castro y a Lee Harvey Oswald, etcétera. También se reconoce la dignidad de las personas en colectivo. El Derecho internacional de los derechos humanos califica como libre, justo y pacífico al orden social en el cual se reconoce la dignidad intrínseca de toda persona y sus derechos iguales e inalienables.  

Dadas esas condiciones, una forma típica de injusticia sería, entonces, el desconocimiento de la dignidad y derechos del otro, cuya forma sumaria es el desconocimiento del derecho mismo a vivir, precondición para el ejercicio de todo derecho, pero que no se agota en ello, sino que abarca todo atentado contra la vida digna. Despojar a otro de su derecho a vivir es salvajemente violento; lo es también despojarlo de vivir dignamente, esto es, en plenitud de goce y ejercicio de sus derechos. Someterlo a la infamia, al hambre, al desamparo, al dolor inmenso de la tortura o la angustia interminable de la desaparición de un familiar —o el limbo interminable de ser desaparecido—, todas estas son formas del desconocimiento y vulneración de la dignidad humana. 

Un orden social cuyo régimen político es señalado cotidianamente por manejarse arbitrariamente en el uso de la fuerza, que maneja altas tasas de criminalidad y homicidios y desatiende las consecuencias de las violencias que cruzan su territorio sería un ejemplo rotundo de fracaso en la misión de preservar la dignidad humana. Esto es colmar el check list de la anormalidad democrática; un régimen tal vale por un estado de excepción normalizado. 

En un régimen semejante, “todo lo sólido se desvanece en el aire”,[1] “lo santo es profanado”. Los militares se vuelven policías; los policías, criminales; los criminales, gobierno; y el pueblo, “carne de cañón”, falsos positivos, “daños colaterales”. Welcome to the jungleviaje al Estado de Naturaleza a la vuelta de la esquina. “[Y] al fin —parafraseando a Marx el hombre [y las mujeres… y las niñas, los niños y adolescentes, y la comunidad LGBTTTI, y…] se ve[n] obligado[s] a contemplar con mirada fría su situación en la vida y sus relaciones con los demás”. 

Y en el corazón de este vértigo, un actor emerge en los rincones del mundo, en las orillas donde no llegó completa la Declaración Universal, y emerge un discurso de paz muy distinto al convencional, muy distinto al individualismo narcisista que se regodea en sus necesidades post-materiales o al de las cumbres internacionales de los agentes de la globalidad. No necesariamente nace para dar cauce textual a una nutrida bibliografía, a estudios eruditos, a campañas presidenciales, a los términos de referencia de una consultoría oenegera; no, esta voz nace quebrada del llanto y la desesperación pero también rabiosa y digna de la rebeldía contra la invisibilidad: es la voz de las víctimas, sin mediaciones, sin intérpretes, sin efectos de sonido. Es Malala demandando educación para todas las niñas, son las Abuelas de la Plaza de Mayo recordando a sus hijas e hijos, las víctimas de la discriminación contra los Dreamersla voz de los detenidos-desaparecidos de la Guerra Sucia, de Javier Sicilia exigiendo paz con justicia y dignidad, de quienes buscan entre fosas y burocracias en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Baja California, en Iguala, en Veracruz, en la geografía entera del horror de una década atroz… son las víctimas de toda violencia dando su testimonio, denunciando a los responsables, movilizando conciencias, despertando del letargo al funcionariado, despabilando legislaturas, exigiendo… 

Esa voz nos devuelve a lo humano radical: el dolor y el poder de compadecernos y solidarizarnos con quienes lo sufren, como podemos sufrir o sufriremos todos. Y esa voz, setenta años después de una Declaración Universal de cuerpo de humo y palabras intermitentes, refresca el fundamento del mundo contemporáneo: la dignidad de ser humanos, y rescata para quienes somos sus contemporáneos ese proyecto lastimado de un mundo construido para habitarlo entre personas que se reconocen su dignidad.  

En México falta mucho para que esa voz sea escuchada por todas y todos. Y falta mucho para realizar el proyecto de vivir dignamente. Pero la lucha no ha sido infértil. Esa voz crece cada día. Cuenta con pocas herramientas aún, pero ya ha conquistado algunas. Por ejemplo, el movimiento de víctimas se ha dado una ley para reconocer y garantizar sus derechos (ayuda, memoria, verdad, justicia, reparación integral, no repetición, transformación de las causas estructurales de la violencia) que es amplia y se encuentra en proceso de realización: la Ley General de Víctimas, una norma adoptada por el Estado, reescrita en muchas partes por políticos y funcionarios (sí, porque sería hipócrita decir que sólo la escribieron las víctimas) pero, subrayo, hecha esencialmente ante la exigencia de las víctimas y con insumos pura y netamente producidos por ellas. 

La Ley es aún muy joven para ver sus frutos a cabalidad, pero su creación y emisión representan de antemano un triunfo simbólico, que consiste en la fijación en la agenda pública de una nueva forma de responsabilidad del Estado frente a las violencias que cruzan su jurisdicción: de una mezcla de asistencialismo y desdén, al reconocimiento de las víctimas como titulares activos de derechos.  

Como toda formulación simbólica, este logro es sobre todo una promesa que sólo se verificará cuando así lo experimenten en sus vidas las víctimas de carne y hueso. La promesa es una puerta cerrada; hay que hallar las llaves adecuadas para entrar en ella, es decir, debemos imprimir a la Ley sentidos que trasciendan a la mera tramitología burocrática, y acaso entenderla conforme a alguna o todas de las siguientes perspectivas, que no excluyen otras que pudieran ser semejantes:  

1) La Ley vista como elemento normativo clave para una nueva gramática de la justicia, en la cual el derecho victimal aporta a las exigencias de paz y seguridad un conjunto de herramientas conceptuales y esquemas de atención propios de la justicia restaurativa y la justicia transicional, persiguiendo verdad, justicia, reparación integral y no repetición, más allá del proceso penal y de los esquemas tradicionales en los cuales se equipara la reparación con una mera indemnización (modelos civilistas, penal – inquisitivos o laboralistas). En vez de ello, se aspira a reparaciones integrales que incluyen la formulación e implementación de políticas públicas, normatividad, sanciones, comisiones de la verdad, reparaciones colectivas, recuperación de la memoria histórica, rehabilitaciones médicas y psicosociales, entre otras cuarenta medidas concretas.[2]  

2) La Ley vista como plataforma para materializar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la más relevante en la materia desde la promulgación de la Constitución Mexicana, específicamente por lo que hace a las obligaciones de prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, con lo que se pretende avanzar hacia el establecimiento de una democracia constitucional de derechos.[3] 

3) La Ley vista como programa de transición de una política de seguridad basada en el despliegue irracional de fuerza con una ventanilla para el trámite de quejas de daños colaterales, hacia una política de responsabilidad del Estado en la garantía del derecho universal a la seguridad, que antepone el enfoque transformador de las causas estructurales de las violencias (el combate a la corrupción, a la impunidad, a la pobreza, a la falta de oportunidades —es decir, el déficit de reconocimiento de la dignidad humana). 

4) La Ley vista como acta de naturalización del empoderamiento de las víctimas y la ciudadanía en general frente al Estado, contra la criminalización y represión tradicionales. Teniendo el derecho de su lado, lo normal (con arreglo a la norma, nuestra Ley) sería que las víctimas lo exigieran activamente en vez de aguardar silenciosamente a recibir la gracia de la providencia gubernativa. No por nada el artículo 5º de la Ley yuxtapone el principio de dignidad con los de participación y empoderamiento conjunto. 

5) Por lo que hace a la producción de la subjetividad política de las víctimas (quién dice el derecho y el foro público que son las víctimas), la Ley debería tener un importante efecto en la neutralización de toda tentación de administrar identidades, típica de una política de segregación entre víctimas “de primera” y “de segunda” que ya hemos vivido en México. La Ley debería ser repelente de toda seducción necropolíticaPese a que desde el Estado se sigue apostando a discriminar entre víctimas de la delincuencia (común u organizada) y víctimas de violaciones de derechos humanos (vale decir, de agentes del Estado) con el propósito de invisibilizar a las segundas, estableciendo de paso una suerte de Apartheid entre víctimas ricas y víctimas pobres, o politizadas y despolitizadas, la Ley busca arrebatar al juego político la definición objetiva de “víctima”, unificando cualquier posible distinción —basada o no en elementos objetivos— bajo un estatuto de igualdad en derechos. Administrar las identidades victimales puede seguir siendo posible, y de hecho ocurre, pero ya no puede darse sin mala conciencia, y sobre todo, jurídicamente hablando, no sin quebranto de la legalidad.[4]  

6) Finalmente, la última misión simbólica que ha abierto la Ley, la más elevada, la técnicamente irrealizable, es que sirva como mapa hacia una sociedad libre de violencia. Esta es la dimensión más utópica de la Ley, pero por utopía aquí no debemos entender una ilusión vaga o inútil, sino un eje de movilización de múltiples fuerzas sociales: es un señalamiento hacia otro imaginario posible, a través del cual podemos materializar convivencias que nos parezcan más dignas y, por tanto, justas. 

Ahora bien, nada de esto llegará a ser sin dos condiciones irreductibles: compromiso con las víctimas y compromiso con sus derechos. Que no pasen décadas sin castigo, sin atención, sin combatir las causas de las violencias. Habría que ver a las víctimas de nuestra década de “guerra contra las drogas” en el espejo de las víctimas de la “guerra sucia” y sus elevados saldos de miseria y sufrimiento individual y colectivo.  

Tramitar indemnizaciones no agotará el objeto de la Ley. La trampa de la implementación es que se reduzca a cubrir los indicadores que se reportarán en los informes oficiales, o que la sociedad aguarde a que el Estado tramite la justicia sin sumarse a la convocatoria de auxilio que le dirigen las víctimas desde hace años. La instalación de una institución (la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, claro), puede convertirse en una distracción del objeto real de todo esto, a saber, combatir las injusticias y las violencias que cruzan el país, las cuales son básicamente manifestaciones de relaciones de poder opresivas: hombres contra mujeres; personas adultas contra niñas y niños; personas ricas contra personas pobres; ricos o pobres malintencionados contra inocentes; gobiernos, cárteles y corporaciones contra los pueblos. Si esas relaciones de poder no se transforman, si más allá de la reparación pecuniaria no hay reparación de la civilidad, si no hay reparación de la democracia, no habrá reparación en lo absoluto.  

Es muy probable que no lleguemos tan lejos en nuestras vidas, y ciertamente la Ley no alcanza por sí sola para tanto; de hecho para todo esto no hace falta ninguna Ley, pero fijar allá la última frontera de esta justicia victimal que proyecta esta Ley podría quizá movernos más lejos, es decir, podría dar más dignidad a nuestras vidas —intuyo— que contentarnos con alimentar una burocracia que fabrica papel, aunque llegue a hacerlo muy bien algún día, o esperar a que la fuerza pública erradique el mal del mundo a balazos. La violencia que vivimos exige alternativas hacia la dignidad. A esa especie de terapia democrática es a la que querría contribuir el espíritu genuino de la Ley General de Víctimas, el que muchas víctimas le imprimieron originalmente con su dolor y su esperanza. Defender ese espíritu que anima la Ley, emplearla como mapa a la redignificación de todo lo que la violencia ha descarriado, es quizá lo más justo que se merece que hagamos con ella.  

[1] He cotejado dos versiones del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, una edición rusa en castellano que no precisa su fecha de impresión y otra española de 1993, pero no coinciden con la traducción de Marshall Berman a esta famosa frase. Su fuerza, sin embargo, me sedujo a citarla como consta en el último. 

[2] Revisar Título Quinto de la Ley General de Víctimas y sus respectivos cinco capítulos sobre medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. 

[3] La misión última de la reforma constitucional en derechos humanos debería ser instalar en México una democracia constitucional basada en derechos humanos, es decir, una sociedad en la cual el fundamento no sólo de la actuación de las autoridades, sino del Derecho mismo, sean los derechos de las personas, y en el cual el Estado en su conjunto cumpla su papel natural de ser garantía de garantías de los derechos. La Ley General de Víctimas juega un papel vital en la vigencia de la reforma constitucional y en su articulación con otros discursos jurídicos especializados sobre justicia y violencia, como las leyes generales sobre desapariciones y tortura, en las cuales se hace referencia directa a la Ley (al escribir este texto se discuten en el Congreso). De igual modo, la Ley se encuentra actualmente en un frente de batalla conceptual ante el Código Nacional de Procedimientos Penales, terreno en el que ha ganado el reconocimiento de numerosos derechos procesales de las víctimas enunciados ya en nuestra Ley General. 

[4] Sobre los debates en torno al éxito —o no— de la pretensión de que la Ley conjure las intenciones de administrar las identidades victimales, o incluso de administrar la victimidad misma (lo que se ha dado en llamar necropolítica, una especie de control político y/o económico de la muerte y la violencia), recomiendo consultar el texto “La crisis de derechos humanos y el dispositivo de administración del sufrimiento: Necropolítica pública de víctimas, defensores y periodistas en México”, de Ariadna Estévez, disponible aquí. Del ensayo de mi amiga Ariadna discutiría solamente su afirmación de que la necropolítica opera desde el texto de la Ley; yo sostengo que más bien hay una especie de sobreescritura que articula el discurso de la Ley a una agenda muy diferente, antagónica a la del empoderamiento victimal. 

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